Estado de emergencia de los puentes del país

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana
Comunicado de Prensa
Jueves 22 de octubre del 2009

Estado de emergencia de los puentes del país Ministra de Transportes debe renunciar

· Mala gestión y politiquería impiden que se reparen y solucionen problemas de los puentes

El diputado Marvin Rojas y la fracción de Acción Ciudadana exigieron vehementemente la renuncia de la Ministra Karla González.

“Lamentamos profundamente el sufrimiento de las familias de que perdieron a alguno de sus miembros en la tragedia de hoy por causa del puente del río Tárcoles que se encontraba en mal estado. Esto solo muestra que la ministra González no ha sido capaz de presupuestar los recursos suficientes para reparar los puentes que se encuentran en pésimo estado, que a nuestro criterio se encuentran en estado de emergencia ” aseveró Rojas Rodríguez

Otros ejemplos que citó el diputado Rojas fue el de los puentes en mal estado en el río Caño Grande en Venecia de San Carlos, el río Aguas Zarcas en Cerro Cortés de Aguas Zarcas. Son rutas de primera importancia para el sector productivo nacional e ilustra potenciales tragedias de no corregirse inmediatamente.

El Gobierno tiene recursos que se desvían a otros asuntos y no se le da prioridad a la infraestructura productiva como es el caso de los más de cincuenta y nueve mil millones de colones (59.000.000.000) que se están incluyendo en el presupuesto del próximo año para la construcción de un ferrocarril de lujo en la ciudad de San José. También el legislador señaló como otros ejemplos gastos que el Gobierno ha realizado como 1700 millones en propaganda y 137 millones de dólares para despedir a los trabajadores de JAPDEVA.

El diputado Rojas también aseguró que esta situación se da a raíz de la politiquería con la que asumen este tipo de necesidades de las comunidades. “Manipulan a la población a cambio de votos porque se hacen ofertas que nunca se cumplen y las comunidades siguen reclamando las obras que nunca construyen”

En un estudio presentado al MOPT en febrero del 2007 por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón se le notificó al Gobierno de Costa Rica que la gran mayoría de los 1330 puentes de rutas nacionales tienen problemas de diversas índoles.

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Carta a Rodrigo Arias Sánchez

San José, 15 de octubre de 2009
370-ASE-2009
Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia
S D

Señor ministro:
Al tomar juramento de nuestros cargos, los funcionarios públicos y los representantes populares asumimos un compromiso con la transparencia, la honestidad y la sana administración de los recursos públicos. También estamos obligados a actuar con probidad y a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Me llama poderosamente la atención que usted, al ser consultado por la prensa sobre el uso irregular de las aeronaves de la Fuerza Pública por parte del Presidente de la República y su persona, lejos, muy lejos de rendir cuentas, intentó minimizar el asunto y justificar el viaje -pagado con recursos públicos- que ustedes, en compañía de terceros, realizaron los días 8 y 9 de marzo de 2008, para participar en una actividad privada en Guanacaste que, evidentemente, no era de interés público, ni lo hicieron en ejercicio de sus funciones.

Yo, como costarricense y como representante popular, soy el más interesado en que el Presidente de la República maximice su tiempo de trabajo y cuente con la seguridad necesaria. Obviamente, eso implica el uso de los activos de la Fuerza Pública; pero este, señor ministro, no es el caso.

Como es de su conocimiento, el Artículo 110, Sección VIII, Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, del Decreto Ejecutivo N.o 32177-SP, publicado el lO de enero de 2005 en el Diario Oficial La Gaceta N.o 6, Alcance N.o 1, establece:

"Artículo 110.- La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea dependerá de la Dirección General de la Fuerza Pública y tendrá las siguientes funciones:
[..]
2) Brindar transporte dentro y fuera del país en casos caliñcados de excepción, de emergencia o por conyeDÍo entre instituciones del Estado, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a cualquierotro habitante." (El resaltado es propio)


Es evidente que la actividad privada a la que ustedes y sus acompañantes asistieron dista muchísimo de ser un acto oficial o protocolario; tampoco puede calificarse como un caso de excepción o de emergencia. Más aún, ustedes no viajaron en ejercicio de sus funciones, menos sus acompañantes.

Usted intenta justificar ante la prensa al Presidente, argumentando privilegios que no existen derivados de su investidura como Jefe de Estado, pero obvia que usted también viajó, es decir, utilizó recursos públicos para asistir a una actividad privada, que carecía de interés público. Flaco favor le hace a la democracia al menospreciar la labor fiscalizad ora de la Asamblea Legislativa y de la prensa costarricense, y al eximirse de rendir cuentas frente al abuso de los bienes del Estado.

Por lo expuesto y de conformidad con el bloque de legalidad vigente, artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, le solicito facilitarme la siguiente información:
1. ¿Cree usted que también tiene derecho -en calidad de ministro de Estado- a utilizar las aeronave s de la Fuerza Pública para asistir los fines de semana a fiestas privadas?, ¿ese derecho que usted se arroga también alcanza a sus acompañantes?, ¿está usted por encima de la ley
o de otros funcionarios que en este momento son investigados por el Ministerio Público por el mismo abuso?

2. Además de usted y el Presidente de la República, ¿quiénes viajaron en esa avioneta? Requiero la lista con el nombre completo de las personas que abordaron la aeronave, tal y como lo demuestra el material gráfico difundido por la prensa nacional.

3. ¿Quién solicitó y autorizó el viaje para asistir a una fiesta privada durante ese fin de semana? ¿Quién autorizó que personas no identificadas como funcionarios, ni agentes de seguridad viajaran en su compañía en una aeronave de la Fuerza Pública?

4. ¿Cuál norma legal lo autoriza a usted y al Presidente de la República a utilizar una aeronave del ministerio de Seguridad Pública para asistir a una fiesta privada en compañía de terceras personas que ni siquiera son funcionarios o agentes de seguridad? ¿Cree usted que la seguridad
y la discrecionalidad del Presidente de la República les otorga la potestad de utilizar los activos del Estado en actividades que no son de interés público y en las que no ejercen ninguna representación oficial?
Es intolerable que este gobierno derroche los recursos de todos los costarricenses de esta manera; ¿será esa es la constante de este gobierno?

Le recuerdo que usted, más que el vocero de su hermano, es el ministro de la Presidencia. Espero su respuesta, conforme a los plazos de ley.

Atentamente,


Alberto Salom Echeverría
Diputado

carta al ministro de la Presidencia Rodrigo Arias

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana Viernes 16 de octubre del 2009.

Alberto Salom, jefe de fracción de Acción Ciudadana, envió una carta al ministro de la Presidencia Rodrigo Arias solicitando explicaciones sobre el uso indebido de la avioneta del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

En carta el jefe de fracción cita el Decreto Ejecutivo que regula el uso de las avionetas del MSP.
"Artículo 110.- La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea dependerá de la Dirección General de la Fuerza Pública y tendrá las siguientes funciones: [..] 2) Brindar transporte dentro y fuera del país en casos caliñcados de excepción, de emergencia o por conyeDÍo entre instituciones del Estado, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a cualquierotro habitante." (El resaltado es propio)

"Es evidente que la actividad privada a la que ustedes y sus acompañantes asistieron dista muchísimo de ser un acto oficial o protocolario; tampoco puede calificarse como un caso de excepción o de emergencia. Más aún, ustedes no viajaronen ejercicio de sus funciones, menos sus acompañantes." enfatizó Alberto Salom, jefe de fracción de Acción Ciudadana.

Algunos de los cuestionamientos que hizo el diputado Salom son:
¿Cree usted que también tiene derecho -en calidad de ministro de Estado- a utilizar las aeronave s de la Fuerza Pública para asistir los fines de semana a fiestas privadas?, ¿ese derecho que usted se arroga también alcanza a sus acompañantes?, ¿está usted por encima de la ley o de otros funcionarios que en este momento son investigados por el Ministerio Público por el mismo abuso?

PAC denuncia a Arias por usar avioneta para ir a boda

Esteban Rojas Sáurez y Erick Carvajal
erojas@aldia.co.cr

El PAC denunció ayer que el presidente Óscar Arias viajó el 8 y 9 de marzo del 2008, en una aeronave del Ministerio de Seguridad Pública para asistir a la fiesta de matrimonio de la hija de Antonio Burgués en Tamarindo. La denuncia la hizo ayer el jefe de fracción del PAC, Alberto Salóm.

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias confirmó la información ayer, luego del Consejo de Gobierno.

La denuncia pública del PAC, se da un día después de que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio contra la diputada del Liberación Nacional, Maureen Ballestero como sospechosa del delito de peculado, por el uso de una aeronave del Ministerio de Seguridad para viajar a Liberia y votar en la elección de los candidatos a regidores.

Salóm indicó que si el presidente de la República “usa recursos públicos” para asistir a una boda, “no puede reprender, ni tener autoridad moral para reprender a sus subalternos cuando hacen los mismo, gastando más o menos recursos”.

Un oficio del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad, con fecha del 28 de abril del 2008, revela que la avioneta MSP 003 voló el 8 de marzo del 2008 a Tamarindo y Liberia, bajó en Taboga a recoger al presidente y llevarlo a la zona de Tamarindo.

Al día siguiente voló a Tamarindo para trasladar al mandatario al Tobías Bolaños.

“Nosotros vamos a solicitar al Ministerio Público que se investigue lo del presidente de la República”, aseguró Salóm.

El ministro de la Presidencia, justificó el uso de la aeronave por parte del presidente Arias. “El presidente tiene el derecho de uso discrecional de su carro y de los activos que tenga la Fuerza Pública, él puede usarlos para los viajes que considere prudentes”.

Según Rodrigo Arias las aeronaves se utilizan por cuestiones de seguridad y ahorrar tiempo.

La ministra de Comunicación, Mayi Antillón dijo que Óscar Arias es presidente las 24 horas del día. “La movilización del presidente requiere por cuestiones de seguridad recursos públicos”.

Antillón manifestó que el viaje en avioneta implica seis horas menos de resguardo al mandatario, para poder movilizarlo “a una actividad pública o privada”.

Abuso de recursos públicos es una constante del PLN

• Diputados del Acción Ciudadana elevarán denuncia ante el TSE, custodio de los bienes de la seguridad pública.

Para la fracción de diputados y diputadas de Acción Ciudadana, el abuso de los recursos públicos, se ha convertido en una tónica en el accionar del PLN y de este Gobierno.

“De la diputada Ballestero ya habíamos tenido noticia. Ha utilizado los vehículos públicos para ir al salón de belleza y ahora pretende hacernos creer que olvidó un pasaporte que, fácilmente, pudieron haberle hecho llegar. Esto es una burla, pretender que los y las costarricenses crean semejante ocurrencia”, afirmó el jefe de fracción de Acción Ciudadana, Alberto Salom Echeverría.
Acción Ciudadana recuerda algunos de los casos más recientes que evidencian la falta de civismo y el abuso de los recursos públicos:

- El exministro de Vivienda, Fernando Zumbado, fue a dormir a un precario en Pavas y luego repartió en consultorías US $1.5 millones a la organización de la cual formaba parte entre otras.
- El exministro de Ambiente, Roberto Dobles, le autorizó la explotación de un tajo a sus familiares.
- El expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, otorgó contrataciones públicas millonarias a exclientes suyos, en vez de canalizar los recursos a atender a las familias damnificados por el terremoto de Cinchona.
- El presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, usó un helicóptero, pagado con recursos públicos, para atender asuntos personales.
- Un edificio legislativo fue “forrado” en signos externos del PLN como si fuera una sucursal del partido.
- La ministra de Vivienda, Clara Zomer, propició y participó en un almuerzo en el Restaurante Cerutti que le costó ¢600.000 al erario público.

El diputado Salom Echeverría informó que denunciará ante el Tribunal Supremo de Elecciones este abuso, el TSE es el custodio de los bienes de la seguridad pública, tal como lo indican el artículo 102 inciso 6, de la Constitución Política y el artículo 88 del Código Electoral.

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Acción Ciudadana defiende la autonomía del Parlamento en la elección de magistrados

La responsabilidad de elegir magistrados es de la Asamblea Legislativa y no del Poder Ejecutivo. Para la fracción del Partido Acción Ciudadana vuelven a producirse negociaciones debajo de la mesa, promovidas por Rodrigo Arias quien se presentó al Parlamento desde buena mañana a promover dichas negociaciones con las otras fracciones parlamentarias para imponer la elección según la conveniencia de Casa Presidencial.

Lo anterior provocó una conducta totalmente irregular por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la persona de Francisco Antonio Pacheco, quien dilapidó el tiempo de todos los diputados decretando recesos prolongados a solicitud del PLN. Así se fue toda la mañana, sin que se hubiera podido realizar la votación. Sin embargo, cuando Acción Ciudadana solicitó un receso, el presidente legislativo pretendió negarlo primero en un acto injustificado de discriminación, luego a regañadientes lo concedió por un tiempo breve, pero inmediatamente en un acto sin precedentes ordenó el cierre de las puertas del recinto parlamentario. Semejante decisión podría dar lugar a un Habeas Corpus, puesto que de hecho impidió la libertad de tránsito de los diputados.

Por esto los legisladores de Acción Ciudadana tomaron la decisión de permanecer en el plenario legislativo pero, a la hora de la votación, no introducir los votos en la urna; con ello se buscaba poner en evidencia a quienes aceptaran el pacto espurio promovido por Casa Presidencial. El resultado fue que algunos diputados de otras fracciones no se atrevieron a aceptar el mandato de los Arias.

Acción Ciudadana actúa y actuó en estas circunstancias motivado por la idea de defender la independencia de poderes y en particular de la Sala Constitucional. Por el momento, la maniobra fue detenida.

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Acción Ciudadana agiliza el trámite del proyecto de zonas francas.

La moción que presentó Acción Ciudadana para agilizar el trámite del proyecto de zonas francas fue aprobada de forma unánime por todos los diputados de las fracciones legislativas presentes en el plenario.

En la segunda parte de la sesión de este jueves el plenario conocerá las mociones presentadas al proyecto de zonas francas y continuará su trámite en la comisión de Asuntos Económicos.
La propuesta de Acción Ciudadana permite que la iniciativa de reforma a la ley de zonas francas avance, sin necesidad de atrasar los proyectos de ley que están en discusión en este momento en el plenario.

“La aprobación unánime de la moción de Acción Ciudadana evidencia que el jefe de fracción del PLN y Roberto Thompson, vice ministro de la Presidencia, mintieron a la opinión pública, haciendo creer que el PAC se oponía a la tramitación de dicho proyecto. Ellos tenía conocimiento de esta moción desde el día de ayer” puntualizó Alberto Salom, jefe de fracción de Acción Ciudadana.

Por iniciativa del PAC, en el proyecto de ley se incluyeron reformas que incentivan a que más empresas bajo este régimen especial se ubiquen en zonas rurales y de menor desarrollo.

Rindiendo cuentas

El aparentemente fallido proyecto de ley acerca del Estado laico, desató una discusión, a ratos con sabor a “hoguera”, pues algunos la tiñeron de persecución politiquera contra quienes osamos pensar diferente a ellos. No me amaina, ni me amilana la persecución, ni la hoguera, solamente me permite constatar “el estado de situación”.
El proyecto de ley no es de mi factoría, pero sí lo firmé, porque comparto gran parte de este, por las razones que explicaré. Sin embargo, cuando uno firma un proyecto que no es suyo, es claro que está más dispuesto a introducirle enmiendas. Eso fue lo que hicimos los cuatro diputados del PAC que lo suscribimos a propósito de la propuesta del artículo 194 sobre el juramento; así fue como actuamos, en lugar de salir corriendo a quitar la firma con las primeras ventiscas, como hicieron estimables compañeros y compañeras diputadas de otras fracciones que también lo habían firmado. Nuestra enmienda consistió en mantener la proposición acerca del juramento en nombre de Dios, conforme se consigna en el artículo vigente, pero agregándole una coletilla que dijera: “Jura por Dios o por lo más sagrado de sus convicciones…”
Lo esencial. La coletilla no es accesoria, tiene que ver con la esencia de la cuestión, según lo entiendo. El Estado en realidad, como dice el teórico francés François Rangeon es, o al menos debe ser, el representante del interés general de la población; es decir, de lo diverso y plural, como es la sociedad costarricense.
El interés general implica y supone el respeto a las minorías, a todas y todos los ciudadanos pertenecientes al Estado y no solamente a una parte de ellos. En esta tesitura la teoría del interés general, se opone al interés particular, aunque esa particularidad fuera la mayoría. En tal virtud, no es de recibo el argumento según el cual hasta la (ultra) minoría ciudadana debería jurar en nombre de Dios, a fin de cumplirle a la Patria.
Culturalmente, se supone que se jura en el nombre de Dios, con el objeto de que los individuos se comprometan no solo ante la sociedad, lo que parecería desde cierta perspectiva insuficiente, sino ante el propio Dios. Hemos de suponer además que ello es así con el objeto de no fallarle a la Patria, una apuesta por cierto bien arriesgada, verdad…
Pero, de nuevo, ¿y los que no creen? La coletilla, sugerida por nosotros, contiene pues, en esencia el respeto profundo al otro y a la otra, aunque sea una minoría. ¿Habrá un principio más cristiano?
Con respecto al Estado confesional, artículo 75 de la Constitución, que proclama que la religión católica es la del Estado, la actual redacción retiene la vieja fórmula de fusión entre la Iglesia y el Estado; fórmula por cierto propia inclusive de los Estados totalitarios, como el Estado franquista, un Estado confesional; allí se menospreciaba el respeto por las minorías pertenecientes a otras confesiones religiosas, pero también se menospreciaba el respeto a la vida humana de todo el que fuera disidente de aquel Estado.
Retraso. En nuestro medio la discusión, si se le puede llamar así a las hogueras que algunos encendieron, va retrasada en relación con el debate europeo y mundial. En Italia, fue el propio sumo pontífice Benedicto XVl, quien proclamó la separación entre la Iglesia y el Estado, así como el respeto a la autonomía de cada cual, advirtiendo que ello constituye un signo de progreso de la humanidad.
Dijo más el Papa, al señalar que esta separación y autonomía supone para la Iglesia “una condición fundamental para su misma libertad y el cumplimiento de su misión universal de salvación entre todos los pueblos”. (véase, http://www.zenit.org/article-29526?l>spanish)
¿Por qué esto es así? Se preguntarán algunos, porque como también dijo el Pontífice, la Iglesia es perfectamente consciente de que forma parte de la estructura fundamental del cristianismo, la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, entre el Estado y la Iglesia; es decir, en palabras de Benedicto XVl, lo que constituye la autonomía de las realidades temporales.
Los candidatos y las candidatas a diputados por el PLN han salido a la palestra a decir que rechazan el proyecto, por considerar que no es un tema prioritario, ni conveniente discutirlo al calor de la campaña electoral. Queda la duda de si están de acuerdo con el fondo del proyecto, o al menos con una parte de él, pero lo rechazan tan solo por el momento político. Juzgue, usted