Bienvenid@

Sé que la mayoría de ustedes son buenos lectores. Es posible que hasta algunos hayan leído ya el libro de Bernardo Kliksberg, titulado “Más ética, más desarrollo”, del cual les envío un extracto como “abrebocas”, apenas para engancharlos con la lectura de todo el libro.

Perdónenme el atrevimiento, pues también sé que todos tenemos mucho para leer y trabajar; pero, si hoy me tomo la osadía de compartir con ustedes este fragmento, es porque lo considero suficientemente inspirador del año que apenas inicia y que tantos desafíos y oportunidades le depara a Costa Rica.

La Cámara de Industrias tuvo a bien enviárme la obra completa en el curso del pasado año. ¡Ojalá este fragmento los invite a acometer la tarea de leer todo el libro! Si así fuera enhorabuena.

Afectuosamente,

Alberto Salom Echeverría. Ver más

miércoles, 18 de febrero de 2009

yo no me arrugo

Alberto Salom Echeverría

Diputado

Mario Zamora es el Director General de Migración y Extranjería, valga decir funcionario público; en tal virtud sujeto de control político por parte de cualquier ciudadano, pero particularmente de los diputados, para quienes constituye una función irrenunciable. Don Mario no se aviene bien con este principio, ya que en un artículo reciente (Nación,10/02/09) me reprocha haber prestado mi “inmunidad parlamentaria para interponer desde ese fuero de protección legal una denuncia penal” en su contra.

Todos los funcionarios públicos, pero en especial aquellos más renuentes a tolerar que se ejerza contra ellos el control político, deben entender que precisamente la inmunidad parlamentaria se le otorgó al legislador para que pueda formular denuncias, aún cuando este no haya establecido completamente la veracidad de los hechos, todo con el objeto de contribuir a proteger el Estado de Derecho de uno de los flagelos que más lo vulnera: la corrupción. Basta con que el legislador tenga indicios consistentes sobre algo, para que esté moral y legalmente obligado a denunciar; lo anterior es así inclusive cuando la denuncia provenga de un anónimo o alguien solicite que se proteja su identidad.

Don Mario, en una pose que refleja poca humildad y renuencia a permitir el control político en su contra, pretende “exigirme” por una parte, que revele al informante (Nación, 02/02/09), ya que considera la denuncia “injuriosa, calumniosa y difamatoria”; y por otra, me ha pedido que renuncie yo a la inmunidad que me ampara como diputado de la República, para acusarme penalmente. Pregunto, ¿No es cierto acaso que la propia Contraloría en sus investigaciones, la Procuraduría de la Ética, la Fiscalía General, y seguramente hasta el mismo Mario Zamora en su calidad de Director de Migración y Extranjería, han obrado ocasionalmente de manera semejante? ¿O es que acaso se ha negado o se negaría el señor Zamora a darle trámite a una denuncia que juzgue procedente, ya sea por el hecho de que la persona le solicite mantenerse en el anonimato, o porque se la haya hecho llegar anónimamente? Como se ve el procedimiento que tanto cuestiona es completamente válido, desde el punto de vista legal y moral.

Para contribuir a que se establezca el criterio de veracidad sobre una denuncia, existen otros órganos del Estado, como la Fiscalía General de la República, dotados de las condiciones e instrumentos jurídicos apropiados, sin que sea completamente necesario para solicitar su intervención de parte del legislador, que el mismo tenga los hechos probados. Cabalmente, en la denuncia que trasladé al Ministerio Público contra la Dirección General de Migración así fue como actué; debería salir sobrando aclarar que ante mi requerimiento, fue el Ministerio Público, como corresponde y no yo, el que decidió allanar las oficinas de Migración.

Don Mario con su curioso proceder, pretende acallar ante la opinión pública lo que ya dije, que fue el Ministerio Público el que encontró que había mérito para allanar sus oficinas, y enseguida se lanza en una campaña contra mí, acusándome de que podría estar siendo “usado como testaferro de los más oscuros intereses”. (Nación,10/02/09) ¿Qué busca Mario Zamora con tan temeraria acusación? Soy un hombre público, mi modesta trayectoria es sin embargo ampliamente conocida por lo que esa ardid no le dará resultado. Pero, ¿qué pretende con ello? ¿Intimidarme acaso? Yo no miento, pero me puedo equivocar y en tal caso tengo la hidalguía y la hombría de bien para reconocerlo, pero no me arrugo ante las intimidaciones de nadie. Muchas de las denuncias que como diputado he presentado han surtido efecto y continuaré en ello hasta el último día de mi gestión. No soy como algunos diputados pro oficialistas, que todo lo ven bien y lo justifican de antemano, una especie de “vaquitas de portal” que le dicen a todo que sí.

Si contra Mario Zamora hay un “complot” de los más oscuros intereses, como él afirma, ¿por qué no lo había hecho saber oportunamente, para poner a la opinión pública en guardia, y no es sino hasta este momento en que es denunciado, que lo saca ante la vindicta pública con la energía que ha depositado en ello? En este caso he actuado con serenidad, parsimonia y discreción, con el único afán de saber la verdad. Ha sido él conjuntamente con la Cancillería, quienes se extralimitaron. Aprovecho la ocasión para reafirmar a la opinión pública interesada en sanear nuestro Estado que, en lo que a mí respecta, ni ahora ni nunca echaré para atrás en tal propósito.

martes, 3 de febrero de 2009

Carta al ministro de relaciones exteriores y culto LIC Bruno Stagno

http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20090202&ref=02-02-09020005

San José, 30 de enero de 2009

031-ASE-2009


Licenciado

Bruno Stagno

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

S_______D


Señor ministro:

Lamento profundamente el grado de desinformación, el oportunismo político y la ignorancia de la que hace gala el Comunicado de Prensa que circuló la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el jueves 29 de enero de 2009 bajo el título El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa enérgico repudio a actuación irresponsable del diputado Alberto Salom.

Sus excesos y exabruptos están muy lejos de corresponderse con el que debería ser el pronunciamiento oficial del ente rector de las relaciones exteriores de la República mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular.

A pesar de lo anterior, por respeto a los costarricenses, a nuestros órganos de control interno, a la institucionalidad democrática y a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país, paso de inmediato a aclarar lo siguiente:

El 21 de octubre de 2008, trasladé a la Fiscalía General de la República, mediante oficio N.º 434-ASE-2008, una denuncia que recibí en mi despacho sobre supuestas irregularidades en trámites migratorios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería. Mi solicitud quedó sujeta a un criterio objetivo de admisibilidad:

“Con el superior interés de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y del respeto a las normas éticas y legales que debemos cumplir los funcionarios y representantes populares, me permito solicitarle, en forma muy respetuosa y de conformidad con el bloque de legalidad vigente, que en caso de resultar admisible la presente denuncia, disponga su debida tramitación y resolución final conforme a derecho.

Adjunto copia de una serie de denuncias recibidas en mi despacho, con carácter anónimo, sobre supuestas irregularidades en la Dirección General de Migración y Extranjería.”

Como es público y notorio, esta denuncia tuvo el mérito suficiente para requerir, al menos, una indagación por parte de los funcionarios del Ministerio Público, la cual tuvo lugar el miércoles 28 de enero de 2009 en la sede de la Dirección General de Migración y Extranjería, tal y como lo reseñaron algunos medios de difusión nacional1.


Este servidor no presentó, ni a título personal ni en calidad de representante popular, una denuncia contra ningún funcionario o diplomático acreditado en el país en particular, como lo consignaron en forma equivodada algunos medios de comunicación y que usted, alegremente, se permitió repetir en un comunicado institucional. Formalmente, solicité a los medios rectificar la información inexacta que fue difundida y de la cual tuve noticia (Oficio N.º 030-ASE-2009).

Amparado a mis derechos constitucionales, solicité al Ministerio Público indagar una denuncia sobre supuestas irregularidades en trámites migratorios. Si efectivamente se cometió algún error administrativo o se incumplió con la normativa vigente que regula esta materia, serán las autoridades competentes quienes lo adviertan y procedan conforme a derecho. No he sido, ni seré yo quien señale responsables.

Es usted, señor Canciller, quien actúa irresponsablemente y exhibe al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que representa. Es usted quien me coloca en una “penosa situación” al verme obligado a recordarle los más elementales principios que regulan nuestra sociedad y nuestras instituciones públicas y políticas: vivimos en un país democrático, regido por leyes y con una clara división de poderes.

En mi condición de diputado y en ejercicio de las obligaciones constitucionales que me han sido conferidas, no tengo que “consultar a la Cancillería” para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o solicitar la intervención de los órganos de control y fiscalización cuando lo considere necesario.

Yo sí creo firmemente en nuestras instituciones y en nuestro sistema de derecho. Órganos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República merecen todo mi respeto. Es por ello que constantemente toco a sus puertas, demandando, como un ciudadano más, que se investigue el despotismo, la ilegalidad y los excesos que se comente desde la administración pública. Es a estas instituciones, garantes de nuestro ordenamiento jurídico, a quienes corresponde esta tarea. Yo me limito a cumplir mis obligaciones y no renunciaré, por lo tanto, a ejercer un estricto Control Político.

Al “repudiar” mi proceder, no hace más que demeritar al primer poder de la República y su legítimo derecho a solicitar que se rindan cuentas y se investigue cualquier anomalía en nuestras instituciones. Yo no actuo de forma “irresponsable”, con “ignorancia” o de “mala fe” como usted afirma, de lo contrario, no hubiesen intervenido los funcionarios de la Fiscalía General de la República, o ¿acaso las diligencias de nuestras autoridades judiciales son también “irresponsables” y “circenses”?

No puedo sertir más que pena y desilución al leer sus expresiones.





Cuando llegué a la Asamblea Legislativa en calidad de representante popular asumí junto con mis compañeros de fracción el compromiso de contribuir, en la medida de mis posibilidades, a mejorar la calidad de vida de los costarricenses, a fortalecer nuestras instituciones democráticas y a mejorar el funcionamiento del Estado, lo cual, desde la visión del Partido Acción Ciudadana, pasa obligatoriamente por recuperar la transparencia en la función pública y luchar contra la corrupción.

Este ha sido el norte de mi gestión y, puedo asegurarlo, el de mis compañeros.

No dudo de que los señores embajadores de Colombia y Uruguay, a quienes no tengo el honor de conocer, atendieron sus obligaciones; pero la diplomacia, señor Canciller, tiene límites y los trabajadores que sirven en nuestras instituciones deben respetar el marco legal que regula sus tareas.

Yo no he emitido ningún pronunciamiento que pueda afectar las relaciones diplomáticas del país. No fui yo quien hizo trascender a la prensa la investigación que realiza el Ministerio Público. Fue usted, entre otros, quien lo hizo.

La investigación solicitada a la Fiscalía General de la República apunta hacia la forma en que procedieron los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería. Eso es lo que está en entredicho y gracias a nuestro estado de derecho está siendo atendido responsablemente por las autoridades competentes.

Concluyo señalando que tiene usted razón al afirmar que mis actuaciones “no representan al Gobierno de Costa Rica”. Soy un diputado de la principal fuerza opositora que defiende la institucionalidad democrática y aboga por rescatar y blindar a nuestras instituciones de la vorágine de corrupción que le imprimen algunos políticos de turno. En tal virtud, exijo respeto.

Atentamente,




Alberto Salom Echeverría
DIPUTADO


C.

Cuerpos diplomáticos acreditados en Costa Rica;

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