Carta al ministro de relaciones exteriores y culto LIC Bruno Stagno

http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20090202&ref=02-02-09020005

San José, 30 de enero de 2009

031-ASE-2009


Licenciado

Bruno Stagno

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

S_______D


Señor ministro:

Lamento profundamente el grado de desinformación, el oportunismo político y la ignorancia de la que hace gala el Comunicado de Prensa que circuló la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el jueves 29 de enero de 2009 bajo el título El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa enérgico repudio a actuación irresponsable del diputado Alberto Salom.

Sus excesos y exabruptos están muy lejos de corresponderse con el que debería ser el pronunciamiento oficial del ente rector de las relaciones exteriores de la República mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular.

A pesar de lo anterior, por respeto a los costarricenses, a nuestros órganos de control interno, a la institucionalidad democrática y a los cuerpos diplomáticos acreditados en el país, paso de inmediato a aclarar lo siguiente:

El 21 de octubre de 2008, trasladé a la Fiscalía General de la República, mediante oficio N.º 434-ASE-2008, una denuncia que recibí en mi despacho sobre supuestas irregularidades en trámites migratorios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería. Mi solicitud quedó sujeta a un criterio objetivo de admisibilidad:

“Con el superior interés de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y del respeto a las normas éticas y legales que debemos cumplir los funcionarios y representantes populares, me permito solicitarle, en forma muy respetuosa y de conformidad con el bloque de legalidad vigente, que en caso de resultar admisible la presente denuncia, disponga su debida tramitación y resolución final conforme a derecho.

Adjunto copia de una serie de denuncias recibidas en mi despacho, con carácter anónimo, sobre supuestas irregularidades en la Dirección General de Migración y Extranjería.”

Como es público y notorio, esta denuncia tuvo el mérito suficiente para requerir, al menos, una indagación por parte de los funcionarios del Ministerio Público, la cual tuvo lugar el miércoles 28 de enero de 2009 en la sede de la Dirección General de Migración y Extranjería, tal y como lo reseñaron algunos medios de difusión nacional1.


Este servidor no presentó, ni a título personal ni en calidad de representante popular, una denuncia contra ningún funcionario o diplomático acreditado en el país en particular, como lo consignaron en forma equivodada algunos medios de comunicación y que usted, alegremente, se permitió repetir en un comunicado institucional. Formalmente, solicité a los medios rectificar la información inexacta que fue difundida y de la cual tuve noticia (Oficio N.º 030-ASE-2009).

Amparado a mis derechos constitucionales, solicité al Ministerio Público indagar una denuncia sobre supuestas irregularidades en trámites migratorios. Si efectivamente se cometió algún error administrativo o se incumplió con la normativa vigente que regula esta materia, serán las autoridades competentes quienes lo adviertan y procedan conforme a derecho. No he sido, ni seré yo quien señale responsables.

Es usted, señor Canciller, quien actúa irresponsablemente y exhibe al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que representa. Es usted quien me coloca en una “penosa situación” al verme obligado a recordarle los más elementales principios que regulan nuestra sociedad y nuestras instituciones públicas y políticas: vivimos en un país democrático, regido por leyes y con una clara división de poderes.

En mi condición de diputado y en ejercicio de las obligaciones constitucionales que me han sido conferidas, no tengo que “consultar a la Cancillería” para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o solicitar la intervención de los órganos de control y fiscalización cuando lo considere necesario.

Yo sí creo firmemente en nuestras instituciones y en nuestro sistema de derecho. Órganos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República merecen todo mi respeto. Es por ello que constantemente toco a sus puertas, demandando, como un ciudadano más, que se investigue el despotismo, la ilegalidad y los excesos que se comente desde la administración pública. Es a estas instituciones, garantes de nuestro ordenamiento jurídico, a quienes corresponde esta tarea. Yo me limito a cumplir mis obligaciones y no renunciaré, por lo tanto, a ejercer un estricto Control Político.

Al “repudiar” mi proceder, no hace más que demeritar al primer poder de la República y su legítimo derecho a solicitar que se rindan cuentas y se investigue cualquier anomalía en nuestras instituciones. Yo no actuo de forma “irresponsable”, con “ignorancia” o de “mala fe” como usted afirma, de lo contrario, no hubiesen intervenido los funcionarios de la Fiscalía General de la República, o ¿acaso las diligencias de nuestras autoridades judiciales son también “irresponsables” y “circenses”?

No puedo sertir más que pena y desilución al leer sus expresiones.





Cuando llegué a la Asamblea Legislativa en calidad de representante popular asumí junto con mis compañeros de fracción el compromiso de contribuir, en la medida de mis posibilidades, a mejorar la calidad de vida de los costarricenses, a fortalecer nuestras instituciones democráticas y a mejorar el funcionamiento del Estado, lo cual, desde la visión del Partido Acción Ciudadana, pasa obligatoriamente por recuperar la transparencia en la función pública y luchar contra la corrupción.

Este ha sido el norte de mi gestión y, puedo asegurarlo, el de mis compañeros.

No dudo de que los señores embajadores de Colombia y Uruguay, a quienes no tengo el honor de conocer, atendieron sus obligaciones; pero la diplomacia, señor Canciller, tiene límites y los trabajadores que sirven en nuestras instituciones deben respetar el marco legal que regula sus tareas.

Yo no he emitido ningún pronunciamiento que pueda afectar las relaciones diplomáticas del país. No fui yo quien hizo trascender a la prensa la investigación que realiza el Ministerio Público. Fue usted, entre otros, quien lo hizo.

La investigación solicitada a la Fiscalía General de la República apunta hacia la forma en que procedieron los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería. Eso es lo que está en entredicho y gracias a nuestro estado de derecho está siendo atendido responsablemente por las autoridades competentes.

Concluyo señalando que tiene usted razón al afirmar que mis actuaciones “no representan al Gobierno de Costa Rica”. Soy un diputado de la principal fuerza opositora que defiende la institucionalidad democrática y aboga por rescatar y blindar a nuestras instituciones de la vorágine de corrupción que le imprimen algunos políticos de turno. En tal virtud, exijo respeto.

Atentamente,




Alberto Salom Echeverría
DIPUTADO


C.

Cuerpos diplomáticos acreditados en Costa Rica;

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