Denuncia del diputado Salom contra director de Migración

Fiscalía indaga supuestos favores migratorios a foráneos

Atribuyen a Mario Zamora suspender deportaciones de extranjeros ilegales

Autoridades allanaron oficinas de Migración y se llevaron expedientes

Rónald Moya | mail@nacion.com

Una investigación contra el director general de Migración, Mario Zamora, por supuestos favores migratorios otorgados a cuatro extranjeros motivó este miércoles un allanamiento en la sede central de esa dependencia en La Uruca, San José.

Agentes del OIJ, fiscales y dos jueces del Juzgado Penal de Hacienda

llegaron a las instalaciones a las 9 a. m. Allí seleccionaron expedientes en papel y electrónicos hasta cerca de las 1 p. m.

Según la orden de allanamiento, la investigación se debe a una denuncia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Alberto Salom, en octubre pasado.

Salom confirmó que presentó la denuncia tras recibir informes y documentos de una persona a la que prefirió no identificar.

La denuncia establece que Zamora supuestamente suspendió , de manera irregular, la deportación de cuatro extranjeros (dos colombianas, un uruguayo y un italiano), quienes se hallaban ilegalmente en el país.

En vez de deportarlos (medida que les habría impedido a los extranjeros volver al país en un plazo de cinco años), el jerarca los conminó a salir del país en un plazo de 72 horas. Con este medida, les facilitó su regreso de manera inmediata.

Influencias. Según la denuncia, en el caso del uruguayo, de apellido Cardozo, y de una de las colombianas, apellidada Romero, Zamora evitó la deportación a pedido de los embajadores de sus países de origen.

La Nación intentó conversar con los embajadores: a Octavio Brugnini (de Uruguay) se le dejaron mensajes con una secretaria, y a Luis Guillermo Fernández Correa (Colombia) se le visitó en la sede diplomática. Sin embargo, no fue posible contactarlos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su más enérgico repudio al proceder del diputado Salom. “La ignorancia y mala fe del diputado Salom le ha hecho incurrir en graves e irresponsables actuaciones, al presentar una acusación que no procede, según la Convención de Viena, pero que expone las relaciones diplomáticas con dos naciones amigas, Colombia y Uruguay”, precisa el documento.

Zamora alegó que al diputado Salom “lo embarcaron”, pues no le contaron toda la verdad.

Salom respondió : “No creo que la Fiscalía allanara Migración porque le dio la gana; si lo hicieron es porque encontraron indicios”.

Los casos En el caso de Cardozo, la denuncia señala que el 29 de julio del 2008 Migración ordenó la deportación del extranjero debido a su permanencia ilegal en el país. Además, se estableció un impedimento de entrada por cinco años.

Un día después, el 30 de julio, el embajador Brugnini, según la denuncia, mediante un correo electrónico le indicó a Zamora que “detenga de inmediato esta citación de deportación”.

Posteriormente, el 21 de agosto del 2008, Zamora revocó la deportación y en su lugar obligó a Cardozo a salir del país en un plazo de 72 horas, lo que le permitió al extranjero regresar para gestionar la residencia. Cardozo está casado con una costarricense.

En el otro caso, se atribuye a Zamora haber anulado el impedimento de entrada al país de la colombiana Romero, quien fue deportada en setiembre del 2007 por registrar en su pasaporte permisos de trabajo falsos. Una situación similar ocurrió con la otra colombiana, de apellido Giraldo.

La denuncia señala que, una vez que Romero ingresó al país, el embajador de Colombia, Fernández Correa, apoyó las gestiones de la mujer ante Migración para gestionar un permiso laboral.

En el caso del italiano, de apellido Fiorentin, quien se desempeñaba como cocinero en un hotel de Guanacaste, la denuncia señala que Zamora evitó su deportación por la amistad del jerarca de Migración con los dueños del hotel.

Fiorentin se hallaba ilegal en el país y, aun así, no fue deportado.

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/30/sucesos1858656.html

Recurso de Amparo en contra del acueducto de Sardinal

Recurso de amparo: 08-005154-0007-CO

Se declara con lugar el recurso.

Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico.

Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia.

Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008.

Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal.

Comuníquese.-
Luis Paulino Mora Mora
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/

Verdades a medias, mentiras completas

Todo Gobierno que se precie de ser democrático debe rendir cuentas ante la ciudadanía, sin maniobras que enturbien la verdad. Me propongo probar que esta Administración no ha sido transparente ni por asomo, y con ello ha echado agua al molino de la ingobernabilidad, más que nadie en este país.

Cabe resaltar que recientemente la Contraloría General de la República (CGR), y no solo este servidor, remitió ante el Ministerio Público denuncia por diversos hechos vinculados con la constitución del fideicomiso suscrito entre la República de Taiwán, el BCIE y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), para el desarrollo del proyecto Mejoramiento Barrial y Gestión de Programas Sociales Innovativos.

Ficción jurídica. La Contraloría hace la contundente afirmación de que los dineros donados por la República de Taiwán ($2,5 millones) eran públicos desde el momento en que el donante le depositó al Gobierno de Costa Rica el 60% del total de la donación, constitutivo del primer tracto (DFOE-284,2-09-08). No obstante, la misma Contraloría concluye que se depositaron en el BCIE, como una “ficción jurídica”, encaminada a “... sustraer del control normativo, presupuestario y fiscal de los citados fondos y a darles una apariencia jurídica diversa... –con lo cual–... dichos fondos fueron ejecutados al margen de todas las disposiciones que regulan los fondos públicos” (DFOE-284, p. 23). Así, 600 familias de Rincón Grande de Pavas se quedaron esperando la construcción de sus viviendas. De resultas de ello, Zumbado y todo su equipo debieron renunciar del Mivah.

Llama la atención que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y el presidente Óscar Arias, en sendos escritos dirigidos a este diario (25 y 29 de octubre respectivamente), no dijeran una sola palabra sobre estos singulares hechos, y se concentraran en brindar su versión sobre el otro informe de la CGR: dos cooperaciones financieras del BCIE a favor del Gobierno de la República de Costa Rica.

Ni una palabra sobre el primer informe, ni sobre la renuncia de Zumbado y de todo su equipo. Referencias anteriores a estos hechos gravísimos han sido mínimas por parte de los jerarcas. Así, Zumbado se fue palmoteado, y el Presidente quedó, más bien, apesadumbrado por la partida del “amigo”, sin haber hecho una valoración justa de la fracasada gestión hasta ese momento en el Mivah. ¡Qué pena!

Cortina de humo. ¿Y la versión oficial sobre el otro informe? Lo diré en breve: la reacción, tanto del Presidente como del señor Rodrigo Arias, fue la de lanzar una cortina de humo, con verdades a medias, para inducir a error a la opinión pública y disimular también, en este otro proyecto del Ministerio de la Presidencia, los yerros, irresponsabilidades y gazapos de esta Administración.

El informe de la CGR puso el acento en el hecho de que “El estudio realizado por esta Contraloría General evidenció un manejo desordenado de los proyectos desarrollados al amparo de los convenios suscritos entre el BCIE y el Ministerio de la Presidencia...” (DFOE-SOC-43-2008, p. 33). La CGR señaló , además, procesos que no fueron formalmente documentados, actuaciones del Ministerio indebidamente motivadas, expedientes incompletos de los consultores, delegaciones de responsabilidades asignadas informalmente y sin claridad sobre los productos brindados por los consultores, y labores iniciadas por estos sin contar con las debidas contrataciones previamente autorizadas por el BCIE.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia no se apegó al modelo de ejecución pactado, los proyectos definidos carecen de elementos básicos de planificación, y no existen indicadores, metas, ni actividades.

La CGR puntualiza que, siendo el Ministerio de la Presidencia el encargado de la administración, control y seguimiento de las consultorías, ejerció un control débil, y los proyectos carecieron de una estructura funcional, lo cual provocó nada más y nada menos que el Ministerio no se hubiese ajustado a los principios fundamentales establecidos por el ordenamiento jurídico, que son de acatamiento obligatorio por parte de los funcionarios públicos.

En la versión presidencial, la única “autocrítica” vertida es la de que “existieron errores en algunos contratos (sic) y en los procedimientos utilizados para supervisar su ejecución”. Punto, nada más. El Ministro, por su parte, en la misma tesitura apenas atina a decir que “... advierte la Contraloría la existencia de debilidades en materia de procedimientos administrativos en la Unidad Ejecutora de ambos convenios que pueden afectar... una adecuada evaluación de resultados...”. Es decir, mientras la CGR interpreta una partitura en mi bemol mayor, el Gobierno la manipula a conveniencia y da el tono en mi bemol menor, toda una distorsión. Mientras tanto, la otra partitura, la de Taiwán-BCIE-Mivah, ni siquiera la mira. Verdades a medias, mentiras completas, y esto apenas comienza. Lo veremos.

Manejos espurios

Alarma e indignación ha provocado en mucha gente el manejo espurio que se le ha dado al dinero que donó Taiwán y que fue depositado en el BCIE, cuyo objeto esencial era beneficiar directamente a familias pobres de Rincón Grande de Pavas.

Sin embargo, también ha producido incertidumbre y desazón el mal manejo de los otros recursos provenientes del mismo BCIE, dados al Estado costarricense con el objeto de que se creara mayor gobernabilidad en nuestra sociedad política. ¡Y pensar que todavía desconocemos buena parte de lo ocurrido!

Malversación. El dinero donado por Taiwán para las familias pobres de Pavas se quedó en consultorías. Para mí un claro caso de malversación de fondos, por lo cual denuncié al ministro Zumbado ante el Ministerio Público.

Mi opinión es que, además, podrían haberse cometido otros delitos, ya que Zumbado tomó la decisión de canalizar buena parte del dinero ($315.000) al ya famoso CIDH, sociedad comercial que él había fundado en 1997, y de la cual continúa siendo su vicepresidente. En mi concepto, negar esto, echando mano a argucias y trucos, producirá más irritación en la sociedad y más desasosiego.

Muy poco han hecho los diputados oficialistas para intentar ahondar en la investigación. Para ellos todo está en perfecto orden. Más bien han dirigido las baterías a enturbiar la investigación, trayendo a cuento otras contrataciones como para dar a entender que hasta algunos de los principales dirigentes del PAC también están “embarrados”. Curioso proceder porque, en lugar de demostrar sus aseveraciones, no han hecho más que comprometer a organizaciones y personas sobre las que hasta el momento no pende ninguna acusación formal.

Infamante afirmación. Un ejemplo: ventilaron la mentirosa afirmación de que Ottón Solís había hecho una consultoría para CIDH, y que el estipendio habría sido girado a su esposa. La infamante y calumniosa afirmación de parte de los diputados liberacionistas quedó al descubierto tras la comparecencia en la comisión del presidente del CIDH, Jorge Nowalski, quien la desmintió por completo.

Cualquiera comprende que, de haber sido cierta la especie, salpicaba en primer lugar al propio Nowalski y al CIDH, ya que se habrían prestado a la maniobra. (¡No me defiendas compadre!)

Sometido Fernando Zumbado a un interrogatorio por este servidor, mostró una actitud evasiva y titubeante en muchos extremos. Sin embargo, fue célebre, la respuesta de Zumbado, cuando le pregunté si él había informado al presidente de la República sobre la donación de Taiwán, como era su deber. A lo cual me contestó que no. Repreguntado, por mi parte, acerca de la razón que había tenido para omitir revelar esa información al Presidente, para mi sorpresa y la de todo el mundo, me respondió que no había querido molestarlo. ¿Molestarlo? Inquirí enseguida, ¿Molestarlo considera usted que es hacerle saber al Presidente que el país se había hecho acreedor de una donación de 2,5 millones de dólares de Taiwán para la comunidad de Rincón Grande de Pavas?

Me he quedado dándole vueltas a la respuesta de Zumbado, que fue curiosa ciertamente. Pues ¿qué pensar de un presidente, conocedor de ese cuantioso aporte, quien decide siempre aceptar los recursos, a pesar de que ya tenía decidida la ruptura de relaciones con Taiwán? ¿No es eso un poco macabro? Por el otro lado, si el presidente Arias desconocía ese “detalle” de la donación taiwanesa, no queda tampoco muy bien parado, pues ello revelaría las vicisitudes de un “capitán” que habría abandonado la dirección de la nave a unos “insubordinados” y temerarios subalternos.

Todo esto produce enorme irritación en la sociedad,y podría estar revelando, dolorosamente, el “modus operandi” doloso de otro sector de nuestra élite política.

Si tan solamente se gobernara ateniéndose a rigurosas reglas de decencia pública, aunque sería insuficiente, todos viviríamos más felices.

El país deshilvanado

Costa Rica se nos ha convertido en un país desorganizado, incoherente, deshilvanado. Cansa ya escuchar el discurso de la mayoría de los políticos fluir a contrapelo de la realidad y de las necesidades sociales más urgentes. Pongo un ejemplo como abrebocas: el programa de gobierno del partido Liberación Nacional, hace apenas dos años, decía: “Contrariamente a lo que plantean quienes ven en el mercado global una amenaza, constatamos más bien que los graves problemas de desempleo y pobreza que tenemos en la zona rural se concentren en su totalidad entre los productores que no están vinculados a las actividades de exportación”.

De ahí derivaban que la lección estratégica no consistía “…en proteger a cualquier costo la producción agropecuaria dirigida al mercado interno para preservar una mítica soberanía alimentaria. Eso –continuaba el mencionado programa – condenaría al país a una producción agropecuaria ineficiente e incapaz de proporcionar un nivel de vida digno a los productores”.

Mal preparado. Hoy madura una crisis alimentaria de proporciones planetarias, es cierto, pero muy mal preparado está el país para encararla, cuando las políticas públicas que comenzaron a aplicarse desde mediados de los ochenta de la pasada centuria estrujaban a los pequeños agricultores de granos básicos y los empujaban a la vez a desmantelar sus pequeñas parcelas, justamente de la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Todavía resuenan las prédicas desde el Banco Central y desde otros espacios, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o el propio CNP, donde los jerarcas de turno, creyendo que se ponían a tono con la onda de la economía global, clamaban al cielo para que el país comprara el maíz, el arroz y los frijoles en el exterior, con el manido argumento de que era más barato que producirlo por nuestra propia cuenta; según ese razonamiento, así se beneficiaría al consumidor.

No tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la propia vida se encargara de hacer añicos semejante visión de las cosas tan espuria y cortoplacista. Ahora, sin que medie la menor autocrítica, sin pudor, conminan desde el gobierno a los campesinos a producir para el mercado interno.

País hipercentralizado. Otro ejemplo, de los mil que me asaltan: el discurso gubernamental ha favorecido la descentralización de la institucionalidad pública, no de ahora, sino desde el gobierno anterior (1986-90). El nuestro es un país hipercentralizado; eso todo el mundo lo sabe, solo que en nuestro caso, al Estado centralista se le abona el haber sido relativamente funcional y eficiente para promover la movilidad social ascendente.

No obstante, después se generalizó la tesis de que el modelo centralista había tocado techo y que había que reconfigurar el Estado en su conjunto, descentralizándolo y dándole una nueva y más amplia dimensión a los poderes locales y a la misma sociedad civil. Esa, al menos, fue una fuerte prédica de campaña electoral del actual mandatario, pero, de nuevo, el discurso va por un lado y la realidad, por otro. En esta administración no solo no se ha descentralizado nada, sino que más bien se han recentralizado funciones importantes en el Poder Ejecutivo.

Brechas de desarrollo. Las brechas de desarrollo entre regiones en el país se han consolidado, pero este Gobierno, en lugar de adoptar una perspectiva regional para impulsar el Plan Nacional de Desarrollo, explícitamente la abandona tras afirmar que “…el Plan no aborda en forma explícita y sistemática, la dimensión territorial de la acción pública…”, aduciendo para ello razones de tipo práctico (¿?).

Se adoptó, en cambio, una perspectiva sectorial; sin embargo, en un documento de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, de diciembre del 2007, se llega a la conclusión de que, aun a nivel de los sectores, el tema de la planificación regional aparece completamente subvaluado y no se le da un tratamiento estructurado ni sistemático. (DFOE-SAF-21-2007. P15).

Peor aún, la misma Contraloría en el documento citado concluye que los consejos sectoriales no están funcionando formal ni sistemáticamente. (P8). Es decir, de nuevo vamos, como quien dice, ‘coyol quebrado, coyol comido’; lo malo es que, según los atisbos, ahorita no habrá ni coyoles para comer.