Verdades a medias, mentiras completas

Todo Gobierno que se precie de ser democrático debe rendir cuentas ante la ciudadanía, sin maniobras que enturbien la verdad. Me propongo probar que esta Administración no ha sido transparente ni por asomo, y con ello ha echado agua al molino de la ingobernabilidad, más que nadie en este país.

Cabe resaltar que recientemente la Contraloría General de la República (CGR), y no solo este servidor, remitió ante el Ministerio Público denuncia por diversos hechos vinculados con la constitución del fideicomiso suscrito entre la República de Taiwán, el BCIE y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), para el desarrollo del proyecto Mejoramiento Barrial y Gestión de Programas Sociales Innovativos.

Ficción jurídica. La Contraloría hace la contundente afirmación de que los dineros donados por la República de Taiwán ($2,5 millones) eran públicos desde el momento en que el donante le depositó al Gobierno de Costa Rica el 60% del total de la donación, constitutivo del primer tracto (DFOE-284,2-09-08). No obstante, la misma Contraloría concluye que se depositaron en el BCIE, como una “ficción jurídica”, encaminada a “... sustraer del control normativo, presupuestario y fiscal de los citados fondos y a darles una apariencia jurídica diversa... –con lo cual–... dichos fondos fueron ejecutados al margen de todas las disposiciones que regulan los fondos públicos” (DFOE-284, p. 23). Así, 600 familias de Rincón Grande de Pavas se quedaron esperando la construcción de sus viviendas. De resultas de ello, Zumbado y todo su equipo debieron renunciar del Mivah.

Llama la atención que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y el presidente Óscar Arias, en sendos escritos dirigidos a este diario (25 y 29 de octubre respectivamente), no dijeran una sola palabra sobre estos singulares hechos, y se concentraran en brindar su versión sobre el otro informe de la CGR: dos cooperaciones financieras del BCIE a favor del Gobierno de la República de Costa Rica.

Ni una palabra sobre el primer informe, ni sobre la renuncia de Zumbado y de todo su equipo. Referencias anteriores a estos hechos gravísimos han sido mínimas por parte de los jerarcas. Así, Zumbado se fue palmoteado, y el Presidente quedó, más bien, apesadumbrado por la partida del “amigo”, sin haber hecho una valoración justa de la fracasada gestión hasta ese momento en el Mivah. ¡Qué pena!

Cortina de humo. ¿Y la versión oficial sobre el otro informe? Lo diré en breve: la reacción, tanto del Presidente como del señor Rodrigo Arias, fue la de lanzar una cortina de humo, con verdades a medias, para inducir a error a la opinión pública y disimular también, en este otro proyecto del Ministerio de la Presidencia, los yerros, irresponsabilidades y gazapos de esta Administración.

El informe de la CGR puso el acento en el hecho de que “El estudio realizado por esta Contraloría General evidenció un manejo desordenado de los proyectos desarrollados al amparo de los convenios suscritos entre el BCIE y el Ministerio de la Presidencia...” (DFOE-SOC-43-2008, p. 33). La CGR señaló , además, procesos que no fueron formalmente documentados, actuaciones del Ministerio indebidamente motivadas, expedientes incompletos de los consultores, delegaciones de responsabilidades asignadas informalmente y sin claridad sobre los productos brindados por los consultores, y labores iniciadas por estos sin contar con las debidas contrataciones previamente autorizadas por el BCIE.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia no se apegó al modelo de ejecución pactado, los proyectos definidos carecen de elementos básicos de planificación, y no existen indicadores, metas, ni actividades.

La CGR puntualiza que, siendo el Ministerio de la Presidencia el encargado de la administración, control y seguimiento de las consultorías, ejerció un control débil, y los proyectos carecieron de una estructura funcional, lo cual provocó nada más y nada menos que el Ministerio no se hubiese ajustado a los principios fundamentales establecidos por el ordenamiento jurídico, que son de acatamiento obligatorio por parte de los funcionarios públicos.

En la versión presidencial, la única “autocrítica” vertida es la de que “existieron errores en algunos contratos (sic) y en los procedimientos utilizados para supervisar su ejecución”. Punto, nada más. El Ministro, por su parte, en la misma tesitura apenas atina a decir que “... advierte la Contraloría la existencia de debilidades en materia de procedimientos administrativos en la Unidad Ejecutora de ambos convenios que pueden afectar... una adecuada evaluación de resultados...”. Es decir, mientras la CGR interpreta una partitura en mi bemol mayor, el Gobierno la manipula a conveniencia y da el tono en mi bemol menor, toda una distorsión. Mientras tanto, la otra partitura, la de Taiwán-BCIE-Mivah, ni siquiera la mira. Verdades a medias, mentiras completas, y esto apenas comienza. Lo veremos.