Carta a Rodrigo Arias Sánchez

San José, 15 de octubre de 2009
370-ASE-2009
Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia
S D

Señor ministro:
Al tomar juramento de nuestros cargos, los funcionarios públicos y los representantes populares asumimos un compromiso con la transparencia, la honestidad y la sana administración de los recursos públicos. También estamos obligados a actuar con probidad y a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Me llama poderosamente la atención que usted, al ser consultado por la prensa sobre el uso irregular de las aeronaves de la Fuerza Pública por parte del Presidente de la República y su persona, lejos, muy lejos de rendir cuentas, intentó minimizar el asunto y justificar el viaje -pagado con recursos públicos- que ustedes, en compañía de terceros, realizaron los días 8 y 9 de marzo de 2008, para participar en una actividad privada en Guanacaste que, evidentemente, no era de interés público, ni lo hicieron en ejercicio de sus funciones.

Yo, como costarricense y como representante popular, soy el más interesado en que el Presidente de la República maximice su tiempo de trabajo y cuente con la seguridad necesaria. Obviamente, eso implica el uso de los activos de la Fuerza Pública; pero este, señor ministro, no es el caso.

Como es de su conocimiento, el Artículo 110, Sección VIII, Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, del Decreto Ejecutivo N.o 32177-SP, publicado el lO de enero de 2005 en el Diario Oficial La Gaceta N.o 6, Alcance N.o 1, establece:

"Artículo 110.- La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea dependerá de la Dirección General de la Fuerza Pública y tendrá las siguientes funciones:
[..]
2) Brindar transporte dentro y fuera del país en casos caliñcados de excepción, de emergencia o por conyeDÍo entre instituciones del Estado, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a cualquierotro habitante." (El resaltado es propio)


Es evidente que la actividad privada a la que ustedes y sus acompañantes asistieron dista muchísimo de ser un acto oficial o protocolario; tampoco puede calificarse como un caso de excepción o de emergencia. Más aún, ustedes no viajaron en ejercicio de sus funciones, menos sus acompañantes.

Usted intenta justificar ante la prensa al Presidente, argumentando privilegios que no existen derivados de su investidura como Jefe de Estado, pero obvia que usted también viajó, es decir, utilizó recursos públicos para asistir a una actividad privada, que carecía de interés público. Flaco favor le hace a la democracia al menospreciar la labor fiscalizad ora de la Asamblea Legislativa y de la prensa costarricense, y al eximirse de rendir cuentas frente al abuso de los bienes del Estado.

Por lo expuesto y de conformidad con el bloque de legalidad vigente, artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, le solicito facilitarme la siguiente información:
1. ¿Cree usted que también tiene derecho -en calidad de ministro de Estado- a utilizar las aeronave s de la Fuerza Pública para asistir los fines de semana a fiestas privadas?, ¿ese derecho que usted se arroga también alcanza a sus acompañantes?, ¿está usted por encima de la ley
o de otros funcionarios que en este momento son investigados por el Ministerio Público por el mismo abuso?

2. Además de usted y el Presidente de la República, ¿quiénes viajaron en esa avioneta? Requiero la lista con el nombre completo de las personas que abordaron la aeronave, tal y como lo demuestra el material gráfico difundido por la prensa nacional.

3. ¿Quién solicitó y autorizó el viaje para asistir a una fiesta privada durante ese fin de semana? ¿Quién autorizó que personas no identificadas como funcionarios, ni agentes de seguridad viajaran en su compañía en una aeronave de la Fuerza Pública?

4. ¿Cuál norma legal lo autoriza a usted y al Presidente de la República a utilizar una aeronave del ministerio de Seguridad Pública para asistir a una fiesta privada en compañía de terceras personas que ni siquiera son funcionarios o agentes de seguridad? ¿Cree usted que la seguridad
y la discrecionalidad del Presidente de la República les otorga la potestad de utilizar los activos del Estado en actividades que no son de interés público y en las que no ejercen ninguna representación oficial?
Es intolerable que este gobierno derroche los recursos de todos los costarricenses de esta manera; ¿será esa es la constante de este gobierno?

Le recuerdo que usted, más que el vocero de su hermano, es el ministro de la Presidencia. Espero su respuesta, conforme a los plazos de ley.

Atentamente,


Alberto Salom Echeverría
Diputado